TIJUANA.- En la legislación de Baja California no se cuenta con el concepto de los llamados “impuestos verdes” que son lo mismo que los impuestos ambientales o ecológicos; sin embargo, el pago de derechos, así como la penalización por emisiones a la atmósfera, son giros ambientales que necesitan alejarse del estigma de una finalidad recaudatoria; asimismo, urge el estímulo a las empresas amigables con el medio ambiente ,así, este tipo de medidas dejarían de parecer un trámite molesto.

Ante estas deficiencias, el director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), José Carmelo Zavala Álvarez, refirió que es urgente que las autoridades de Baja California retomen esta modalidad de impuestos de manera no recaudatoria y sean etiquetados adecuadamente a fin de especificar que serán dirigidos a contribuciones ambientales.

Los impuestos ambientales o ecológicos se trataron de implementar hace tiempo, eran relativos al consumo de gasolina y las emisiones a la atmósfera, iniciativas que no se estructuraron correctamente y por ende, no progresaron. Fue en 2022 cuando la suprema corte de justicia determinó que los gobiernos estatales pueden implementar impuestos ambientales o ecológicos de diferente manera. Por otra parte, sugirió aplicar el principio de “el que contamina paga”.

“El que contamina paga, no es un permiso para contaminar, es para desestimular la contaminación, no debe pervertirse el concepto y por eso los recursos recaudados del pago de derechos, deben estar etiquetados para usos. Si se tuviera ese mensaje claro, contundente y transparente por parte del gobierno, el sector empresarial no lo consideraría como un impuesto negativo”, reiteró el egresado del LEAD por el COLMEX.

Señaló que la demanda bioquímica de oxígeno en las aguas residuales, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y los criterios de los contaminantes que salgan de la verificación vehicular, son algunos de los ejemplos de parámetros que deben ser tasados. Puntualizó que el 60% de la contaminación atmosférica del aire y el perjuicio a la salud pública es debido al uso de vehículos.

“La manera en que la gente tenga su auto afinado, para que cumpla con lo que la Ingeniería Mecánica dice de cómo debe funcionar ese motor de combustión interna al quemar combustible o gasolina; tiene que ver con la mezcla de oxígeno necesario para la combustión si esto no funciona de forma correcta, puede arrojar 20 o 30 veces más emisiones contaminantes”.

El programa de verificación vehicular arrastra un rechazo debido a su recaudación, por lo que sus ingresos deben estar en la hacienda pública y ser etiquetados para fines ambientales. Los contaminantes al aire se clasifican en Gases de Efecto Invernadero (GEI), donde destaca el dióxido de carbono y los Contaminantes, criterio con los que se evalúa la calidad del aire en la ciudad y sus niveles en monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, de azufre, ozono, entre otros que son los que se miden en esta prueba a los automóviles.

El ingeniero bioquímico insistió en que es necesario usar combustibles limpios. El gas natural como combustible de transición camino a la movilidad eléctrica, contaminando hasta un 70% menos de lo que hacen actualmente las gasolinas. Su implementación en los automóviles puede atraer tanto la disminución de la contaminación como la mejora a la salud pública colectiva.

Referente a la generación de residuos sólidos, Zavala Álvarez sugirió que, así como se ofrece un beneficio económico a quienes consuman menos de 15 metros cúbicos de agua en sus viviendas, debe adoptarse una medida similar en la generación de basura por persona, por lo que exhortó a las autoridades buscar alguna alternativa.

Reiteró que es de suma importancia que se legisle para que en la ley de ingresos 2023 se retomen estos conceptos, se generen impuestos verdes y sobre todo que no sean recaudatorios, etiquetándolos de forma adecuada para que los fondos se utilicen específicamente en programas ambientales.