TIJUANA, Baja California, 3 de septiembre de 2026.- Parques industriales, naves de almacenamiento y otros desarrollos construidos o notificados fuera de los polígonos autorizados tendrán una vía extraordinaria para regularizar su situación ante el Ayuntamiento de Tijuana, con la posibilidad de obtener una condonación del 100% en multas, recargos y sanciones administrativas relacionadas con la urbanización irregular.
El Cabildo aprobó por unanimidad el Programa Emergente de Regularización de Cargas Urbanísticas y Área de Donación para Equipamiento Urbano de Desarrollos Industriales, una medida que busca resolver expedientes pendientes sin eliminar las obligaciones económicas originales de los desarrolladores.
La diferencia es importante: la regularización no significa que las empresas queden exentas de pagar lo que originalmente debieron cubrir.
Quienes ingresen al programa deberán liquidar, en una sola exhibición, los derechos de construcción y urbanización que hayan omitido, además de la compensación económica correspondiente a las áreas de donación municipal.
¿Qué se les perdonará y qué tendrán que pagar?
El beneficio aprobado por el Ayuntamiento se concentra en las consecuencias administrativas derivadas de la irregularidad.
Esto significa que podrán condonarse totalmente multas, recargos y sanciones administrativas vinculadas exclusivamente con la urbanización irregular.
En cambio, seguirán vigentes las obligaciones patrimoniales, las cargas urbanísticas, los derechos de construcción y urbanización pendientes y las compensaciones que correspondan por las áreas que debieron entregarse al municipio.
El acceso a la regularización tampoco será automático. Los proyectos deberán acreditar los requisitos técnicos, administrativos y jurídicos establecidos por la autoridad municipal.
Dinero recaudado deberá ir a infraestructura pública
Otro de los componentes del programa establece que los recursos obtenidos mediante este mecanismo deberán quedar etiquetados desde su origen para destinarlos exclusivamente a infraestructura y equipamiento público.
La medida busca que la regularización de proyectos privados con pendientes urbanísticos genere recursos que regresen a la ciudad mediante obra o equipamiento.
El programa tendrá una vigencia limitada y concluirá el 31 de agosto de 2027, sin posibilidad de prórroga, de acuerdo con lo aprobado por el Cabildo.
Hay hasta 300 hectáreas pendientes de recuperar
La discusión también puso sobre la mesa un problema de mayor dimensión: terrenos que debieron entregarse al municipio como parte de las obligaciones de distintos desarrollos.
La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, informó durante la sesión que existen aproximadamente entre 250 y 300 hectáreas pendientes de recuperación, correspondientes tanto a desarrollos habitacionales como industriales.
La cifra abre un frente distinto al de las multas administrativas, pues involucra patrimonio que eventualmente tendría que incorporarse al municipio y cuyo cumplimiento deberá ser revisado durante los procedimientos de regularización.
Entre los pendientes se encuentran áreas verdes que no han sido entregadas.
La Sindicatura anunció que dará seguimiento a esos expedientes para verificar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.
Un plazo para cerrar expedientes industriales pendientes
La iniciativa fue impulsada por la regidora Melissa Pacheco Silveyra, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Fronterizos.
El argumento central es permitir que desarrollos industriales que mantienen procedimientos inconclusos puedan regularizarse bajo reglas específicas y dentro de un periodo determinado.
Para Tijuana, el punto relevante será cuánto dinero logra recuperar el municipio, cuántos desarrollos ingresan al esquema y qué sucede con las áreas de donación que permanecen pendientes.
Esos resultados permitirán medir si el programa termina únicamente resolviendo expedientes administrativos o se traduce también en recuperación de patrimonio e infraestructura para la ciudad.
Cabildo también modificó FAISMUN y avaló reforma electoral
En la misma sesión extraordinaria, el Ayuntamiento aprobó cambios de meta al Programa de Inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2026.
El Cabildo también avaló una reforma al artículo 5 de la Constitución Política de Baja California para armonizarlo con modificaciones al artículo 41 de la Constitución federal.
Entre los cambios se contemplan disposiciones relacionadas con justicia electoral y nulidad de elecciones, incluidos supuestos en los que se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera capaces de influir en resultados electorales.
